El que nada debe nada teme

Las cooperativas del país pusieron los gritos al cielo ante el anuncio de la posibilidad, o más bien necesidad, de que el Gobierno ejerza su obligación de control sobre las operaciones de las mutuales, conforme se anuncia últimamente en los medios de prensa.
Llama la atención la férrea oposición a que haya una supervisión del Estado de los movimientos financieros de estas entidades. Pero lo que no se dice y que resulta muy evidente es que el sector que rechaza esta determinación es el de los dirigentes, y no precisamente el de los verdaderos dueños de estas cooperativas, que son los socios. Estos señores no representan el sentimiento general de los socios. No son más que grupos aislados o claques que con el tiempo se han conformado y consolidado hasta el punto de creerse dueños de estas instituciones mutuales y manejar a discreción “el negocio”.
Es sabido que las organizaciones de ayuda mutua son “administradas” por círculos muy cerrados de personas. Existe toda una estructura inexpugnable montada para que estos grupos roten eternamente en el manejo y de esa forma continúen lucrando a costa de los sufridos asociados.
Han convertido las cooperativas en verdaderas financieras, en aparatos burocráticos, onerosos y corruptos, que los socios deben financiar. Han distorsionado la esencia, la finalidad de la cooperativa. Se han extendido hacia otros rubros, han creado sucursales con el cuento de acercar o facilitar a los dueños los “servicios”, sin embargo, el real propósito de estas artimañas es fraguar negociados con el dinero de los dueños.
Arguyen que la labor del órgano contralor actual (El Incoop) asegura un desempeño transparente y eficiente, que garantiza suficientemente el buen manejo de los fondos cooperativos. Sin embargo, la entidad contralora no es ni eficiente ni transparente, porque si fuera lo contrario, la cónyuge del presidente del Incoop no estaría ocupando hoy día cargo de relevancia en una de las cooperativas que mayor masa societaria maneja y, consecuentemente, mayor volumen de dinero de los socios, y que al mismo tiempo es el prototipo de organizaciones solidarias que se han convertido en reducto de unos avivados, inescrupulosos, que están al frente no por vocación de servicio, sino movidos por sus insaciables apetencias de lucrar a expensas de los sacrificados aportantes.
Puedo afirmar que este rechazo no representa en lo más mínimo el sentir de los socios, verdaderos dueños de estas entidades solidarias, que desearán que el Gobierno, a través de sus correspondientes órganos de fiscalización, monitoree permanentemente las administraciones de estos “lobos vestidos de cordero” y ofrezca de esa forma una mayor confiabilidad para los socios que impotentes observan cómo disponen a discreción de sus aportes y ahorros los “cooperativistas”, confabulados con el único organismo destinado a la fiscalización de estas mutuales.
El Gobierno necesariamente debe involucrarse en el control de las cooperativas porque, de lo contrario, estaría asintiendo las serias irregularidades cometidas dentro de estas entidades y, consecuentemente, el despojo y despilfarro del dinero, no solo de los socios, sino de muchas instituciones públicas que han depositado sus fondos en las mismas, con lo que el perjuicio se extendería incluso a ciudadanos que no forman parte directamente de estas entidades, sino aportantes de las arcas del Estado, y los que dependen de los fondos fiscales para recibir algunos beneficios del Estado, como salud, educación, y otros tantos.
Ya no se debe perder tiempo. Hay que poner mano a la obra y desenmascarar lo que se empeñan en encubrir con argumentos falaces, vacíos, los embusteros de siempre. Se debe poner fin a este carnaval cooperativo. Si dicen que administran con transparencia el dinero de los socios, ¿por qué se oponen a que el Estado los fiscalice? El que nada debe nada teme.